Orden para superar la emergencia, juntxs, todxs

26 de enero de 2021

Para Carlos Escobedo Suárez abatir la desigualdad debiera ser un objetivo de la mayor importancia en todo tiempo, una labor central del Estado, pero en el contexto de la emergencia por la pandemia debe ser una prioridad

Foto: Wendy Rufino

Para muchos, la pandemia se siente interminable. Al mismo tiempo, como buenos mexicanos, pareciera que en muchos sentidos ya “nos adaptamos”. En otros sentidos jamás podremos hacerlo. Por más que seamos una sociedad conocida por su particular forma de enfrentar a la muerte, casi burlándonos de ella, en este momento es difícil acudir a ese andamiaje cultural porque los fallecimientos se siguen acumulando, y en muchos lugares van en aumento.

En los últimos días se han escuchado rumores de que al menos en la ciudad de Morelia estamos muy próximos a volver al confinamiento obligatorio debido a la saturación del sistema de salud y a la alta tasa de contagios.

Con la amenaza del nuevo confinamiento vuelven a presentarse las dudas, los temores: ¿cómo vamos a llevar alimento a la mesa?, ¿cómo vamos a generar ingresos para atender a nuestrxs enfermxs?, ¿qué pasará con las personas y las familias que viven al día?, ¿volverán las despensas entregadas por los diferentes niveles de gobierno?, ¿serán suficientes?

Las mexicanas, los mexicanos, somos ingeniosos. No hay que negarlo. Sabemos salir al paso de muchas circunstancias, ver “como le hacemos”, pero el ingenio y la ocurrencia tienen límites, y conforme avanza el tiempo y la pandemia sigue, cada vez es más claro que hay cosas que no estamos haciendo bien, que la improvisación no es suficiente y que, de seguir por ese camino, la recuperación social y económica para muchas familias será una tarea casi imposible.

El Presupuesto de Egresos para el Estado de 2021 asciende a $75,616’545,244.00 (a ver, dígalo sin trabarse). De esa cantidad, se contemplan 25 millones para ayudas sociales a la población, 340 millones para otras ayudas y 15 millones para ayudas por desastres naturales. Por su parte, los programas de Coordinación de Protección de la Salud y de Desarrollo Social en un Ambiente de Bienestar cuentan con mil 300 millones y 597 millones, respectivamente. Eso sin contar aportaciones y participaciones a los municipios, que tienen en sus respectivos presupuestos partidas similares.

No es poco dinero. Entonces, ¿por qué hay un vacío del Estado en atender las necesidades más básicas de la población más vulnerable?, ¿por qué, en el contexto de la emergencia, no hay un ejercicio más humano y racional del presupuesto y se prioriza a quienes más lo necesitan?

La pandemia nos tomó a todxs por sorpresa, afectados por los estragos de la desigualdad y la corrupción. Si bien no hay dinero que alcance para cubrir en su totalidad las necesidades de todas las personas, sí es un imperativo ético redirigir el ejercicio de los recursos públicos a quienes menos herramientas tienen para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Todo lo demás puede esperar, reprogramarse e, incluso, cancelarse si es necesario.

En México las situaciones de emergencia sanitaria encuentran respuesta constitucional en los artículos 1º, 4º, 29, 73 y 89 de la Constitución Federal. En esencia, se deja a las autoridades ejecutivas un margen amplio de libertad para decidir cómo gestionar emergencias como la pandemia por COVID-19.

Si bien ese modelo tiene su lógica y objetivo (pues en teoría es la autoridad ejecutiva la que tiene los elementos para tomar las mejores decisiones momento a momento), lo cierto es que en esta pandemia se ha comprobado que dejar la subsistencia de las personas en la emergencia al arbitrio de la voluntad política, tiene resultados catastróficos.

Entre los jaloneos y los protagonismos, los que siempre pagan los platos rotos son los más pobres, los más afectados por la desigualdad, porque son los que más necesitan. A estas alturas de la pandemia, la improvisación debe parar. Falta una norma que obligue a las autoridades políticas a ordenar sus prioridades y a atender con sentido de urgencia las necesidades más apremiantes de alimentación y salud, una Ley de Emergencia que establezca límites a la autoridad y que permita, con transparencia y rendición de cuentas, reconfigurar el ejercicio del presupuesto público y destinarlo, en principio, a garantizar el derecho al mínimo vital de las personas más excluidas y marginadas por la sociedad.

Abatir la desigualdad debiera ser un objetivo de la mayor importancia en todo tiempo, una labor central del Estado, pero en el contexto de la emergencia por la pandemia debe ser una prioridad, pues ¿qué sentido tiene vivir en sociedad, si la sociedad no puede brindar un mínimo de seguridad al individuo ante una catástrofe como esta pandemia?

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