Mínimo vital en pandemia: la justicia federal ampara y protege

11 de mayo de 2021

Carlos Escobedo Suárez nos comparte la experiencia de la promoción de amparos en diversos estados de la República buscando que la justicia federal proteja a las personas más vulnerables que resintieron de peor manera las afectaciones económicas de la pandemia por la COVID-19

En días pasados una jueza federal, la jueza primero de Distrito en Morelia, concedió el amparo y protección de la justicia a tres trabajadoras del hogar desempleadas y a sus familias para que las autoridades a las que habían demandado les garanticen su derecho constitucional al mínimo vital.

A una de ellas, trabajadora del hogar desempleada, madre soltera, y a sus dos hijas y sus dos hijos, todos menores de edad. A la segunda de ellas, a su esposo, albañil sin contrato, y a sus dos hijos, uno de ellos con una discapacidad cognitiva. A la tercera de ellas y a su esposo, albañil sin contrato.

Nosotrxs, de la mano de RENACE Capítulo San Luis Potosí y del Colectivo Justicia COVID, hemos promovido amparos en diversos estados de la República buscando que la justicia federal proteja a las personas más vulnerables que resintieron de peor manera las afectaciones económicas de la pandemia por la COVID-19. Estas son las primeras sentencias positivas.

Las sentencias son jurídicamente relevantes por muchas razones técnicas. Pero más allá de los tecnicismos, las sentencias de esos tres amparos son relevantes socialmente porque le dicen con toda claridad a las autoridades que ahí donde una persona haya caído en la pobreza, ahí donde haya una situación extraordinaria que no les permita a las personas acceder a un mínimo vital para obtener lo más elemental para vivir, es obligación del Estado acudir en su ayuda.

Las sentencias reconocen que el derecho al mínimo vital existe constitucional y jurídicamente, que no es invento teórico, que es un derecho, y que tiene como principal objetivo que las personas puedan llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades.

Dentro de lo más doloroso del proceso, nos topamos con que algunas de las autoridades que demandamos contestaron simplemente que la trabajadora del hogar y sus hijos “no reunían los requisitos y la documentación necesaria” para acceder a ningún programa social. Una madre soltera, sin escolaridad, trabajadora del hogar, con cinco hijos menores de edad. Si ella y sus hijos no califican para ser sujetos de la protección de la seguridad social, ¿entonces quién? ¿Para qué sirve vivir en sociedad si nos negamos a prestarle auxilio a los más desfavorecidos?

Ante esta postura de algunas autoridades, la justicia federal contestó que un derecho humano sólo es plenamente garantizado por el Estado en la medida que se facilita a la persona su goce a cabalidad, y que debe facilitársele a quienes más lo requieren. Lo más novedoso y relevante es que la jueza llegó a la conclusión de que hay casos —como el de estas tres trabajadoras del hogar y sus familias— en los que no basta que los programas sociales existan, sino que el Estado está obligado a darles la asesoría necesaria para garantizar su derecho al mínimo vital, es decir, que ante la emergencia, ante la extrema pobreza, todas las autoridades están obligadas a ir a buscar a las personas a quienes más les afectan esas condiciones, y tienen el deber de encontrar la forma de garantizarles el mínimo vital, flexibilizando requisitos e instituciones si hace falta.

La miseria (la pobreza extrema) constituye un atentado contra la dignidad y, como Estado, como sociedad, no podemos cerrar los ojos o voltear hacia otro lado cuando una emergencia vuelve imposible que una persona o una familia cubran sus necesidades más básicas.

La decisión de la jueza no puede entenderse como un hecho aislado ni como una postura meramente individual. Es una obligación del Estado y del Poder Judicial de la Federación, y es una postura sostenida por sus juzgados, tribunales e, incluso, por la Suprema Corte, de manera tajante y reiterada.

Nada mejor para explicarlo que la propia sentencia, cuando al analizar el riesgo de que una de las trabajadoras del hogar entre en un estado de miseria tal que sus necesidades (y las de sus hijas e hijos) no puedan ser sufragadas por sí misma, la jueza afirma: “No puede pasar inadvertida tal circunstancia, pues ello sería un despropósito en la función que corresponde por antonomasia al Poder Judicial de la Federación, y específicamente a los Jueces de Distrito, como guardianes directos de la Constitución Federal y protectores de la sociedad frente a atentados a la dignidad y los derechos fundamentales que emanan de la Ley Suprema”.

Al final, la jueza condenó a la Presidencia de la República, al gobernador de Michoacán, al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Humano de Michoacán, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso de Michoacán, a que, en el ámbito de sus respectivas facultades, dieran a conocer a los quejosos (es decir, se acercaran a ellos) la normatividad y los requisitos necesarios para poder acceder a uno o varios programas sociales, con los cuales se puedan ver beneficiados para hacer frente a sus necesidades básicas dentro del contexto de la emergencia sanitaria y facilitar los trámites necesarios, llevando a cabo un acompañamiento en los mismos.

La sentencia no es definitiva, las autoridades responsables pueden pedir que se revise, pero eso solo retrasaría más la ayuda que les urge a estas tres trabajadoras del hogar y a sus familias desde el inicio de la pandemia, al igual que a tantas otras familias en México. Está corriendo el plazo para que las autoridades se inconformen y es una posibilidad que lo hagan, sin embargo, sería lamentable que alguna lo hiciera porque equivaldría a una declaración pública de insensibilidad ante la más fundamental necesidad: la salud y la vida.

Facebook: @nosotrxsmichoacan
Twitter: @NosotrxsMX